Un breve análisis sobre adhesión e implementación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
Bruna Martins dos Santos.
Introducción
En noviembre de 2001, el Consejo de Europa decidió abrir a la firma el texto del Convenio sobre la Ciberdelincuencia. El Convenio de Budapest, como se conoce, es hasta la fecha uno de los principales tratados internacionales vinculantes en materia penal y se elaboró con el objetivo de intensificar la cooperación internacional y “aplicar una política penal común con objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional”.
A pesar de que la apertura de firmas se produjo a finales de 2001, hace más de 20 años, el Convenio sigue siendo uno de los principales temas de discusión cuando se habla de una agenda común para la cooperación internacional y la lucha contra los delitos cometidos en el ámbito digital, habiendo influenciado legislaciones en todo el mundo.
Entre los temas abordados por el Convenio sobre la Ciberdelincuencia podemos destacar los debates sobre criminalización de conductas; normas de investigación; producción de pruebas electrónicas; y medios de cooperación internacional, como la extradición y la asistencia jurídica mutua.
Más recientemente, con la positiva y creciente incidencia de nuevas legislaciones sobre protección de datos personales a nivel mundial, el debate sobre las garantías y la protección de datos aplicada al ámbito de la seguridad pública y la persecución penal también ha entrado en escena. Sin embargo, el debate no se centra únicamente en la armonización de las actividades de persecución de delitos cibernéticos de forma transfronteriza. Una parte importante de las críticas dirigidas al Convenio en los últimos años ha sido en relación a que el texto promueve tipificaciones penales vacías y genéricas y presenta desafíos de implementación de la adecuación para sus signatarios.
En función de lo expuesto, el presente informe pretende comentar algunos de los puntos principales del Convenio en cuestión, así como los desafíos de la implementación y armonización de las disposiciones del texto con los sistemas jurídicos y marcos legales de los países de la región latinoamericana. Para la elaboración del presente informe se ha realizado una revisión bibliográfica de materiales relevantes producidos en la región y entrevistas semiestructuradas con representantes de organizaciones de la sociedad civil que integran la red Al Sur localizadas en Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile.
El documento, por tanto, se divide en sesiones dedicadas a analizar las diferentes situaciones de adhesión -o no- al Convenio por parte de los países arriba mencionados, así como las posibles diferencias en los contextos locales. A su vez, la información obtenida en los estudios de casos individuales y en las entrevistas realizadas fue utilizada para formular recomendaciones dedicadas al diseño e implementación de políticas públicas en la materia, con un enfoque basado en la protección de los derechos humanos en el ámbito digital como centro.